Proyecto PI2010-29 denominado: Formulación de políticas de Tecnologías de Información y Comunicaciones en la gestión pública del DF para disminuir la brecha digital, y propuesta para el diseño de un prototipo de Módulo Universal de Gestión, perteneciente al convenio ICyTDF/211/2010.
Coordina: Georgina González. Colaboradores: Mónica P. Hernández y Samuel R. García.

viernes, 27 de mayo de 2011

Diferencia entre gobierno digital y gobierno electrónico

Escrito por: Mónica P. Hernández y Samuel R. García / UACM - ICyTDF / Coordina: Georgina González.

En la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007) el “e-gobierno” es definido como el uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de las denominaciones establecidas en las legislaciones nacionales.

Además de la anterior, existen varias definiciones de “e-gobierno”, incluso cada país al concebir dicho término puede tener una o más variaciones en su definición, pero con todo y eso, el concepto debe contener cuando menos los siguientes elementos (Cardona: 2002):

- El “e-gobierno” tiene que ver con la aplicación de las TIC.

- El “e-gobierno” implica innovación en las relaciones internas y externas del gobierno con:
· Otras agencias gubernamentales

· Sus propios empleados

· Las empresas

· El ciudadano
- El “e-gobierno” afecta la organización y función de gobierno en lo relativo a:
· Acceso a la información

· Prestación de servicios

· Realización de trámites y

· Participación ciudadana
- También busca optimizar el uso de los recursos para el logro de los objetivos gubernamentales

- Su implementación implica el paso por una serie de estados, no necesariamente consecutivos

- Principalmente debe ser visto como un medio y no como un fin en sí mismo.

En todas las concepciones que se han revisado sobre gobierno electrónico, tanto organismos internacionales como en autores diversos, consideran que “e-gobierno” es sinónimo de gobierno digital, de ahí que en su desarrollo en nuestro país se utilice en la definición de la estrategia nacional el concepto Gobierno Digital y no tanto el de Gobierno Electrónico, al final de cuentas se refieren a lo mismo y toman los elementos previamente señalados.

El gobierno antes de las TIC

Para establecer algún punto de diferencia entre gobierno electrónico y digital, tendremos que pensar primero cómo era la administración del gobierno antes de las TIC. Antes de la aparición de los ordenadores resultaba muy difícil almacenar, manipular, comparar, calcular y recuperar información con exactitud o precisión. El tiempo empleado para uno o varios de los anteriores procesos era demasiado, en comparación a los tiempos que actualmente se emplean a partir del uso de TIC.

Es con la tecnología digital (computadoras, principalmente), que se comienzan a realizar tareas muy rápido, con una mayor exactitud, precisión y sin que necesariamente se detenga alguno de los procesos.

La electrónica moderna usa electrónica digital para realizar muchas funciones que anteriormente se desempeñaban físicamente o a través de la electrónica pero analógica. Un ejemplo muy evidente es el hecho de que las dependencias si bien siguen archivando documentos en forma física en carpetas y anaqueles, ahora en discos compactos se pueden almacenar dichos documentos escaneados, es decir, en una versión digital, la imagen del documento físico en un archivo de computadora.

Cuando los gobiernos hablan de gobierno digital no solamente se refieren al proceso de llevar al terreno electrónico toda la información física de las organizaciones públicas, pero bien cabe señalar que una diferencia entre gobierno electrónico y gobierno digital es eso, es decir, que el gobierno electrónico no solamente contempla el proceso de digitalización sino varios más donde no necesariamente el gobierno pasará de un documento, servicio o trámite físico al formato digital. Es importante tomar en cuenta lo anterior, ya que en la aplicación, ya sea del Gobierno Electrónico o del Gobierno Digital, en ocasiones da la impresión que los gobiernos piensan que se trata de crear un portal electrónico, ya sea de un municipio, un estado o alguna dependencia federal y pueden o no respaldar su información física en archivos (a través del escaneo de documentos o aplicación de software que genere nuevos documentos en versión electrónica de carácter oficial o legal).

Firma Digital y Firma Electrónica

La mención de la diferencia entre lo electrónico y lo digital, si bien es cierto no involucra o altera la estrategia nacional de diferentes países para desarrollar el gobierno electrónico o digital, sí ayuda a clasificar ciertos aspectos de uno o varios procesos dentro de cada experiencia nacional. Uno de los más importantes que debemos tomar en cuenta es el aspecto relativo a la Firma Digital y la Firma Electrónica.

Básicamente la tecnología de la Firma Digital se incorpora para hacer que las comunicaciones realizadas a través de las computadoras, ya se vía correo electrónico, redes digitales de datos, entre otros, cuenten con validez legal en determinado país. Lo anterior abrió el camino para su implementación en organizaciones privadas y también en el ámbito público.

La Firma Digital es un recurso que en el ámbito público permite una enorme mejoría en todos los servicios y administraciones de los tres niveles de gobierno, facilitando las comunicaciones con únicamente aprovechar tanto la estructura y los ya existentes. Al igual que en el gobierno, se vuelve útil en el ámbito empresarial, ya que permite a sus filiales y sucursales (que se encuentren en puntos geográficos distintos) utilizar comunicaciones internas, especialmente en procesos administrativos en que se requieran autorizaciones intermedias para poder continuar.

La Firma Digital se basa en la criptografía y puede ser definida como una secuencia de datos electrónicos (bits) que se obtienen mediante la aplicación de un algoritmo (fórmula matemática) de cifrado asimétrico o de clave pública.

Estos sistemas cifran los mensajes mediante la utilización de dos claves diferentes, una privada y otra pública. La privada es conocida únicamente por la persona a quien pertenece el par de claves. La pública, por su parte, puede ser conocida por cualquiera pero no sirve para hallar matemáticamente la clave privada.

La utilización de la firma digital asegura que el emisor y el receptor del mensaje (ya sean dos empresarios, un empresario y un consumidor o un ciudadano y la Administración) puedan realizar una transacción fiable. (Eroski: 2008).

Los términos de Firma Digital y Firma Electrónica se utilizan con frecuencia como sinónimos, pero este uso en realidad es incorrecto. Mientras que firma digital hace referencia a una serie de métodos criptográficos, firma electrónica es un término de naturaleza fundamentalmente legal y más amplio desde un punto de vista técnico, ya que puede contemplar métodos no criptográficos.

Un ejemplo claro de la importancia de esta distinción es el uso por la Comisión europea. En el desarrollo de la Directiva europea 1999/93/CE que establece un marco europeo común para la firma electrónica empezó utilizando el término de firma digital en el primer borrador, pero finalmente acabó utilizando el término de firma electrónica para desacoplar la regulación legal de este tipo de firma de la tecnología utilizada en su implementación.

La Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (UNCITRAL por sus siglas en inglés), define la Firma Electrónica como los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información recogida en el mensaje de datos.

La firma electrónica, técnicamente, es un conjunto o bloque de caracteres que viaja junto a un documento, fichero o mensaje y que puede acreditar cuál es el autor o emisor del mismo (lo que se denomina autenticación) y que nadie ha manipulado o modificado el mensaje en el transcurso de la comunicación (o integridad).

En otras palabras podríamos definir a la Firma electrónica como el conjunto de datos, en forma electrónica, anexos a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente con ellos, utilizados como medio para identificar formalmente al autor o a los autores del documento que la recoge. La debilidad en cuanto al emisor y al receptor radica en la posible suplantación de la identidad de alguno de ellos por parte de elementos ajenos al sistema.

En el caso de México este es el marco legal para la Firma Electrónica:
- El 16 de noviembre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXIC.4J”L4 “PROY-NOM-151- SCFI-2001 “, en la que se establecen los requisitos de deben observarse para la conservación de mensajes de datos.

- El 17 de enero de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, para la recepción de promociones que formulen los particulares en los procedimientos administrativos a través de medios de comunicación electrónica, así como para las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas que se emitan por esa misma vía. En dicho acuerdo ya se contempla en los apartados decimocuarto y decimoséptimo que se otorgarán plenos efectos a los certificados electrónicos que sean emitidos por los notarios que sean utilizados en los trámites electrónicos que se harán a través de Tramitanet, sistema electrónico de trámites.

- El 29 de agosto de 2003 se publi´co el decreto por medio del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en Materia de Firma Electrónica, durante el sexenio de Vicente Fox.

- El 5 de enero de 2004 se publicó el Código Fiscal de la Federación reformado en cuanto a materia de medios electrónicos, incluyendo el capítulo segundo para su regulación.
En México cada día más personas empezaron a utilizar los medios electrónicos para diferentes actividades, entre ellas las relacionadas con las autoridades fiscales, en consecuencia de este inminente crecimiento y accesibilidad a los medios electrónicos fue modificado el Código Fiscal de la Federación introduciendo al mismo el Capítulo II denominado “De los Medios Electrónicos”. En este capítulo se mencionan los artículos de regulación de firma electrónica, los documentos digitales, los sellos digitales. El uso de la Firma Electrónica Avanzada (FEA) para el periodo 2004 es optativo para los contribuyentes y da la posibilidad de seguir utilizando las firmas anteriores mientras se tramita la FEA, según el artículo segundo fracción XXI, de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2004. Este artículo transitorio nos exime de la obligación de utilizar una firma electrónica avanzada en el presente ejercicio, sin embargo ya para 2005 su uso se volvió obligatorio.

Bibliografía

Cardona, Diego, El gobierno electrónico: Una revisión desde la perspectiva de la prestación de servicios en I Congreso Catalán de Gestión Pública, Barcelona- septiembre del 2002.

Código Fiscal de la Federación 2010, México.

Código de Comercio 2010, México.

Internet

¿Qué es la firma digital y para qué sirve?, en: http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2004/01/23/94524.php Última consulta: 21 de mayo de 2011.

Marco común para la firma electrónica, en: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24118_es.htm Última actualización: 22 de mayo de 2011.

jueves, 26 de mayo de 2011

Fundéu BBVA en México: "e-government" es en español gobierno "electrónico"

La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA) en México recomienda usar la expresión española "gobierno electrónico" (con "gobierno" en minúscula) en lugar del anglicismo "e-government".

Se ha vuelto común en los medios la expresión inglesa "e-government", que se refiere a la utilización de internet para entregar información y servicios gubernamentales a los ciudadanos, según define la Organización de las Naciones Unidas.

Así se puede ver en ejemplos como los siguientes: "Se instalarán en el municipio 60 terminales de información, gestión y servicios en línea a través del sistema e-government, con lo que Ecatepec se coloca a la vanguardia tecnológica continental"; "La Universidad de Guadalajara en México, edita un curso on line sobre e-government".

La Fundéu BBVA, que trabaja en México con el asesoramiento de la Academia Mexicana de la Lengua, recuerda que en español este tipo de interacción entre un Gobierno y sus ciudadanos se denomina "gobierno electrónico".

La Fundación precisa, además, que en este caso "gobierno" debe escribirse con minúscula, por referirse a la 'acción de gobernar' y no al 'conjunto de personas que gobiernan un Estado'.

En consecuencia, en los ejemplos citados habría sido preferible escribir: "Se instalarán en el municipio 60 terminales de información, gestión y servicios en línea a través del sistema de gobierno electrónico, con lo que Ecatepec se coloca a la vanguardia tecnológica continental"; "La Universidad de Guadalajara en México, edita un curso en línea sobre gobierno electrónico".

La Fundación del Español Urgente (www.fundeu.es) es una institución patrocinada por la Agencia Efe y el banco BBVA que tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

lunes, 23 de mayo de 2011

La conexión va por dentro

Esta región representa el 7,3 por ciento del tráfico mundial de Internet, aunque crece un 35 por ciento cada año. Casi toda América latina sale a la red por Miami y todavía hay pocas conexiones entre países.

Mariano Blejman / Página 12

Contra lo que se puede suponer según el relato reinante, Internet "funciona" según cada país lo dispone. La estructura de la red se organiza según la capacidad de lobby que las empresas, los actores civiles y los gobiernos tienen en cada país, luego en cada región y, finalmente, en base a la historia propia, a la relación con los países vecinos y con el resto del planeta. La mediática sensación de que la sociedad mundial se embarca hacia un futuro perfecto, hiperconectado, glamoroso y pragmático se da contra el piso de la realidad regional, después de asistir al congreso de Lacnic, la organización regional que administra las direcciones IP y pone las reglas del juego. Como se sabe, cada máquina conectada a Internet tiene un "número IP". De allí que cuando la conversación se reduce a números, nombres de dominios, cables transatlánticos y conexiones satelitales las fuerzas que están en juego parecen difusas. Sin embargo, están ahí: sólo basta con aprender el "idioma" en el que hablan los operadores para entender con claridad, cual Neo en Matrix, digamos, que finalmente siempre se discute sobre números.

En este contexto, el caso de la organización Lacnic –con su sede central en Uruguay– es un ejemplo de civismo suprarregional, que ha sabido administrar poderosos intereses, reordenar tensiones y encontrar los mecanismos necesarios para distribuir la escasez que se viene en materia de direcciones IP versión 4 de Internet (ver aparte). Pero no se trata sólo de números: "Tenemos que trabajar en una declaración de principios regional", dice el uruguayo Raúl Echeberría, CEO de Lacnic y responsable de la Internet Society, una de las organizaciones de la red con más peso mundial y en cuyo cargo en otra época estaba el mismísimo Vint Cerf, padre de la red. Echeberría cree que Lacnic debe avanzar en una declaración que incluya el "acceso a la información, la privacidad, la libertad de expresión, los derechos humanos y la neutralidad", entre temas centrales. Pero aceptar esta declaración de principios por todos los actores podría implicar –también– decisiones comerciales. En Internet, se sabe, a las palabras se las lleva (y las recuerda) Google.

En el nivel más profundo de la organización regional de Internet, donde se toman medidas que afectarán a millones de usuarios en América latina y el Caribe, muchas de estas decisiones se realizan a mano alzada y por mero acto presencial. No son votaciones improvisadas, sino producto de discusiones que se vienen teniendo cotidianamente por correo electrónico y llegan a su cita –la próxima será en octubre en Buenos Aires– a tomar decisiones. De esa manera, por ejemplo, se eligió al colombiano Alejandro Guzmán como nuevo representante ante el Foro de Políticas del Icann, órgano que controla Internet globalmente.

Si bien, como dice Raúl Echeberría, las condiciones políticas del continente son propicias para trabajar en una declaración de principios, un rápido repaso sobre los números del encuentro da cuenta de la situación regional: entre los asistentes, luego de la abrumadora mayoría de mexicanos, hubo una gran presencia de brasileños, y apenas por encima de los argentinos estaban los estadounidenses. Por motivos históricos, por volumen –y tal vez por falta de presencia del gobierno argentino–, México y Brasil administran sus direcciones IP de manera independiente, mientras que Argentina y el resto de los países lo hacen indirectamente a través de Lacnic.

No deja de ser sintomático que el crecimiento de usuarios en Brasil ha puesto a América latina en el radar de la industria mundial, sobre todo teniendo en cuenta que Internet tal vez no esté preparada para "sacar" de América latina el tráfico mundial que se necesitará durante el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos en los años por venir. Observando los mapas, en América latina el cableado de fibra óptica replica algo así como un nuevo trazado ferroviario "imperial": salvo México, todas las conexiones de América latina salen al mundo a través del llamado "nap de las Américas" con sede en Miami.

Según explicó en Cancún Carlos Gaviria, de la empresa Internexa que trabaja por crear una "Internet para América latina", esta región tiene apenas el 32 por ciento de penetración contra el 77 por ciento en Estados Unidos. A la cabeza de la conectividad está Chile (50,4 por ciento) y luego Argentina (48,9 por ciento). América latina representa apenas el 7,3 por ciento del tráfico mundial, pero crece año a año un 35 por ciento y tiene –en conjunto– 170 millones de usuarios. Google –como contó José Miguel Guzmán, gerente de distribución de contenidos– trabaja hace tiempo para distribuir los contenidos de manera regional, para evitar que el tráfico que se produce desde y hacia un país latinoamericano tenga que viajar hasta Estados Unidos y volver. Argentina también está trabajando en la interconexión regional –aunque sorprendió la ausencia orgánica del proyecto Argentina Conectada– a través de la Cabase, la cámara de Internet en Argentina que, según su presidente Ariel Graizer, pretende colocar quince puntos de encuentro en las principales ciudades del país.

Otro caso emblemático sobre la implicancia cultural de las decisiones políticas se ve claramente en Cuba, que es una isla no sólo en materia geográfica, sino también en el impacto que el embargo de Estados Unidos implica para los "usuarios" cubanos: a pesar de estar rodeada de cables de fibra óptica submarina y estar a pocos kilómetros del "nap de las Américas" por donde pasan todas las conexiones continentales en Miami, Cuba sólo puede subirse a Internet vía satélite: el resultado es que Cuba paga casi diez veces más su conexión y sólo se puede acceder directamente en centros de estudios, universidades y algunos hoteles internacionales casi exclusivamente. Después de varios años de trabajo, por un acuerdo con el gobierno de Hugo Chávez, los cubanos cruzan los dedos para que finalmente llegue un cable de fibra óptica desde Venezuela hasta Cuba. Como decían los funcionarios cubanos que merodeaban los pasillos del hotel, en vez de velas, habrá que prender "routers" para que la cosa funcione.

miércoles, 18 de mayo de 2011

Manuel Castells y el poder de las Redes Sociales

Escrito por: Mónica P. Hernández y Samuel R. García / UACM - ICyTDF / Coordina: Georgina González.

La conductora y periodista Carmen Aristegui realizó en abril pasado una entrevista al sociólogo Manuel Castells. Comparto los aspectos más relevantes que desde mi punto de vista se mencionaron en dicha entrevista para CNN.

Aristegui le pregunta a Castells: ¿Qué pasa con su investigación con relación a temas de alto impacto como las revueltas en Túnez, Egipto, el uso de Twitter? Castells responde que siempre se ha interesado en movimientos sociales y los considera como agentes de cambio, mismos que producen nuevos valores en el presente.

Retoma, como ejemplo, el caso de las mujeres las cuales hace 30 años eran diferentes y no tiene nada que ver con lo que son ahora. Castells afirma que las mujeres no se piensan como objetos sino como sujetos y no sujetadas. También menciona el caso del movimiento ambientalista o el de derechos humanos, para destacar que se presentan cuestiones impensables, alguien las piensa, son difundidas vía Internet, la gente hace cosas y los políticos hacen cosas en base a ello, de no ser tan difundidas por Internet, no lo harían, no le tomarían importancia.

Aristegui pregunta: ¿Qué es lo esencial para que un movimiento social transforme a la sociedad y no sólo personas? Y Castells señala que principalmente se requiere comunicación interna y también con el exterior. Aquí observa como obstáculo a los monopolios que limitan la libertad de expresión y por otro lado, o incluso al mismo tiempo, los gobiernos que controlan la información.

Castells menciona que no se controla Internet en términos de contenido. Millones de personas pueden crear sus propios contenidos y organizarse en términos de debate, desde escuchar música hasta generar su propia revolución.

Las revoluciones árabes, son ejemplo de que Internet es importante para la sociedad civil. Jóvenes organizados utilizando entre otras herramientas el Internet, empezaron la rebelión en Túnez, siguió en Egipto pero inspirado en Túnez.

Un señalamiento importante que Castells hace en la entrevista, es que se debe superar el miedo, ese es un principio del cambio social. Internet sirve de detonante, de herramienta de propagación, pero sin movilización en vano sería el Internet.

Aristegui introduce el tema de la importancia de las redes sociales en el caso de Barack Obama, a lo cual Castells responde: Obama tiene otro color de piel, pero también ideas distintas al orden establecido. Obama sale de los márgenes del partido demócrata, se convierte en un fenómeno político mediático.

Castells señala que participó como ciudadano apoyando a Obama, el cual ganó las elecciones presidenciales en EEUU porque le votaron masivamente personas de entre 18 y 36 años. Las mujeres más jóvenes votaron por Obama, dijo.

La campaña vía Internet de Obama conduce a nuevas formas de hacer política, ligado al Internet, ya que los jóvenes en promedio hasta los 30 años, gran parte de su vida es en Internet, su acción, su movilización, su información pasa en Internet y de ahí concretan cosas para su vida diaria. Internet es un movimiento de base para un cambio en la política en EUA. Obama recaudó 700 millones de dólares en las campañas, renunció al dinero de los empresarios y recurrió a la gente.

Internet no soluciona, Internet es solo un instrumento, puede generar la movilización y ampliarla. De ahí que muchos políticos desconfíen de Internet, porque ven en él problemas, muchos problemas.

Castells menciona que Internet no se puede controlar, no se puede frenar, se pueden interceptar mensajes y los detiene pero el mensaje sigue, no deja de estar y puede llegar a distintos lugares simultáneamente.

Finaliza adiciendo que dos terceras partes de los ciudadanos del mundo desconfían de sus gobiernos. El Internet puede servir para que los ciudadanos acaben con el gobierno o para que el gobierno conecte con sus ciudadanos.





¿Quién es Manuel Castells?

Manuel Castells Oliván (Hellín, España, 1942) es un sociólogo y profesor universitario, catedrático de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley, así como director del Internet Interdisciplinary Institute en la Universitat Oberta de Catalunya.

martes, 17 de mayo de 2011

Al menos 3 de cada 10 mexicanos se conectan a Internet

Reforma

De los poco más de 112 millones de mexicanos registrados por el INEGI en 2010 en el país, un 31 por ciento de ellos, específicamente 34.9 millones de personas, tienen acceso a Internet, según reveló el último estudio de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPCI, divulgado en el marco del Día Mundial de Internet que se celebró ayer 17 de mayo en Boca de Río, Veracruz.

El séptimo estudio Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2011 de AMIPCI muestra que 4.3 millones de usuarios se subieron a Internet durante el año pasado, un incremento del 14 por ciento en relación al número de cibernautas registrados en 2009.

"El estudio indica que se están recuperando las tendencias de crecimiento en la penetración de Internet en México; los 4.3 millones de usuarios representan un índice del 14 por ciento de incremento, contra el 11 por ciento del año pasado", expuso Mauricio Braverman, presidente de la AMIPCI, al dar a conocer el estudio en el evento Sociética organizado por la asociación en conjunto con el Gobierno del Estado de Veracruz.

El reporte anual, realizado en conjunto con el departamento de investigación de la firma Elogia y con datos estadísticos del INEGI, del Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), muestra que en los últimos 10 años se ha triplicado la posesión de computadoras en hogares mexicanos, una adopción por encima de otras tecnologías y bienes como la TV, el automóvil o el refrigerador.

El tiempo promedio de conexión es de 3 horas y 32 minutos, 11 minutos más que en 2009. El lugar preferido de los usuarios para conectarse sigue siendo el hogar con una incidencia de 48 por ciento, seguido de lugares públicos con 39 por ciento y los lugares de trabajo con 19 por ciento.

Los estados de la República con mayor número de cibernautas son liderados por Estado de México con 14.9 por ciento del total de la población online, seguido del Distrito Federal (11.8 por ciento), Jalisco (7.4 por ciento), Veracruz (5.5 por ciento) y Nuevo León (5.2 por ciento).

Respecto a los usos principales que se le da a Internet, la actividad online preferida por los cibernautas mexicanos es enviar y recibir correos electrónicos, seguido de chatear en mensajeros instantáneos, ver fotos y videos en línea y contactar a familiares y amigos a través de redes sociales. También destaca la búsqueda y lectura de noticias, descargar música y ver y bajar fotos y videos.

En cuanto a edades, los cibernautas mexicanos menores a los 24 años representan el 60 por ciento del total de la población conectada, siendo el rango de 12 a 17 años el más predominante con 27 por ciento, seguido del de 18 a 24 años con 23 por ciento, y de 25 a 34 años con 17 por ciento.

Declaración de Santo Domingo, en Gobernabilidad y Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento, Santo Domingo, 2006

Escrito por: Mónica P. Hernández y Samuel R. García / UACM - ICyTDF / Coordina: Georgina González.

La Declaración de Santo Domingo se suscribió el 6 de junio de 2006 en Santo Domingo, República Dominicana. Se le reconoce a nivel mundial como un gran esfuerzo para orientar las TIC como herramienta transversal de inclusión, desarrollo y gobernabilidad democrática, buscando superar cualquier tipo de discriminación.

El documento señala la importancia de las TIC “como herramienta transversal para el logro del desarrollo equitativo y sostenible y el fortalecimiento de la gobernabilidad, la promoción y protección de los derechos humanos, así como la necesidad de trabajar intensamente para que todas las personas, en las Américas, en particular aquellas en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales, sean partícipes de los beneficios generados por la Sociedad del Conocimiento.”

De la Declaración de Santo Domingo podemos identificar tres ejes fundamentales:

1) Modernización del Estado: “Su compromiso para que se dedique especial énfasis a la modernización del Estado a través del diseño e implementación de estrategias de gobierno electrónico, incluyendo programas de capacitación de funcionarios públicos en este tema, con el fin de mejorar la provisión de servicios e información a la población en su conjunto, facilitando en especial el acceso de los grupos más necesitados, así como de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas.”

2) Participación ciudadano: “Asimismo, su compromiso de desarrollar las TIC como una herramienta para promover y fomentar la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía, …, en particular de aquellas personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales, en las decisiones relativas a su propio desarrollo …”

3) Formación: “Invitar a las instituciones de educación superior de las Américas a continuar contribuyendo plenamente en la formación de recursos humanos en materia de gobernabilidad y desarrollo en la Sociedad del Conocimiento”.

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, en XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Santiago de Chile, 2007

Escrito por: Mónica P. Hernández y Samuel R. García / UACM - ICyTDF / Coordina: Georgina González.

Esta carta se adoptó en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santiago de Chile el 10 de noviembre del 2007.

El documento contiene los conceptos, valores y orientaciones que servirán de guía para el diseño, implantación, desarrollo y consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como herramientas coadyuvantes de la mejora de la gestión pública en Iberoamérica.

Se puede afirmar que el documento es un “corte de caja” en las cumbres internacionales sobre TIC y e-gobierno, pues se dejan claras las definiciones de distintos conceptos y se comienza a pensar y trabajar ya en la etapa de implementación de las políticas acordadas.

Tanto los principios concertados como los compromisos contraídos por los gobiernos en la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico, representan un claro desafío para poner ya en marcha el Gobierno Electrónico. La Carta representa un estímulo y una oportunidad sin precedentes para impulsar una crítica sistemática y una paulatina superación de las limitaciones y vicios, pensando ya en que el Gobierno Electrónico es un derecho de los ciudadanos y un correlativo deber de los gobiernos.

Se percibe que la participación de la sociedad se vuelve un principal factor dinamizador del Gobierno Electrónico, ya que resulta esencial para transformar los valores, las estructuras, las normas, los procesos y los procedimientos en beneficio de la mejor atención de las necesidades, demandas y expectativas ciudadanas.

En el documento se reconoce al Gobierno Electrónico como un derecho de los ciudadanos, por lo cual habilita a éstos para exigir y reclamar prestaciones útiles para satisfacer –de manera efectiva y eficiente- sus necesidades de información y de servicios, así como para canalizar sus inquietudes de control y participación en la gestión pública.

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico representa un instrumento potencialmente eficaz para comenzar la transición y pasar del punto teórico al práctico, tomando en cuenta que se va a requerir la articulación de la racionalidad política, estratégica, administrativo-organizacional y societal de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Para alcanzar dicha articulación y ver en los hechos ya el desarrollo del “e-gobierno”, se requiere una genuina voluntad y compromiso, de los más altos niveles políticos y administrativos, de cumplir con los principios de la Carta Iberoamericana. Eso nos conduce a pensar en que se deben impulsar actividades de formación de funcionarios públicos y de actores sociales.

Declaración de Bávaro, República Dominicana, 2002.

Escrito por: Mónica P. Hernández y Samuel R. García / UACM - ICyTDF / Coordina: Georgina González.

En la Declaración de Bávaro pudimos identificar el consenso de los países de la región sobre el tema de la sociedad de la información. Los principios y temas identificados son de gran trascendencia para la construcción de una sociedad de la información inclusiva.

La Declaración de Bávaro recoge en su preámbulo una visión general de la región de lo cual es importante resaltar lo siguiente:

- La sociedad de la información es un sistema económico y social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que representa una oportunidad para nuestros países y sociedades, si entendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global como local requiere profundizar principios fundamentales tales como el respeto a los derechos humanos dentro del contexto más amplio de los derechos fundamentales, la democracia, la protección del medio ambiente, el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades fundamentales, el progreso económico y la equidad social.

El documento, que se divide en principios rectores y temas prioritarios, destaca principalmente:

1) El progreso social y económico de los países, así como el bienestar de las personas y de las comunidades, deben ocupar un lugar preponderante en las actividades destinadas a construir una sociedad de la información.

2) La sociedad de la información debe estar orientada a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes en nuestras sociedades y evitar la aparición de nuevas formas de exclusión.

3) El esfuerzo por construir una sociedad de la información debe abarcar el acceso a las tecnologías de información y comunicación, el aprovechamiento de las mismas mediante la articulación de acciones locales, regionales y globales, y su uso con fines públicos y sociales en área tales como el gobierno, la salud y la enseñanza.

4) La transición hacia la sociedad de la información debe ser conducida por los gobiernos en estrecha coordinación con la empresa privada y la sociedad civil.

5) La sociedad de la información es eminentemente global. De tal modo, un diálogo de política basado en las tendencias mundiales de la sociedad de la información debe tener lugar en niveles globales, regionales y subregionales.

La Declaración finaliza con la petición a la CEPAL, la UIT y demás organismos correspondientes a que presten su apoyo a los países de la región a fines de dar seguimiento a los consensos adoptados en la Declaración y para la ejecución de las conclusiones y recomendaciones que emanen de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

Declaración de Lima en Tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, Lima, noviembre de 2010

Escrito por: Mónica P. Hernández y Samuel R. García / UACM - ICyTDF / Coordina: Georgina González.

La reunión celebrada en Lima el pasado mes de noviembre de 2010, permitió que la región diera seguimiento a los principios y objetivos acordados en la primera y segunda fases de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebradas en Ginebra en diciembre de 2003 y en Túnez en noviembre de 2005.

Se busca encauzar el potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones para promover los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estos aplican para nuestro país ya que es parte de la región.

En dicha declaración se habla de una sociedad de la información integradora, orientada al desarrollo y centrada en la persona, basada en los derechos humanos y en los principios de paz, solidaridad, inclusión, libertad, democracia, desarrollo sostenible y sustentable y cooperación.

Sobre las políticas de la sociedad de la información se menciona que éstas deben formularse con un enfoque de desarrollo e incorporar las perspectivas de género y de oportunidades para todos con una visión de inclusión que fomente la igualdad y, en particular, la reducción de la brecha digital.

Otro aspecto que va ligado a lo anterior es que las políticas de la sociedad de la información deben contribuir a combatir el cambio climático y que la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones debe tener en cuenta la problemática ecológica.

Por otro lado, resalta del documento el fin de construir un entorno propicio para la inversión y la innovación, que fomente la cooperación y las alianzas público-privadas y permita invertir recursos y capital para ampliar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y generar conciencia sobre su potencial en un contexto de responsabilidad social empresarial.

Finalmente, se expresa con claridad que las tecnologías de la información y las comunicaciones no son un fin en sí mismas, sino un instrumento en la búsqueda de un desarrollo humano más equitativo y sostenible que haga posible un mayor crecimiento económico, el logro de mejores empleos y un aumento de la competitividad, inductora de la inclusión social.

Plan de acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento de América Latina y el Caribe (eLAC2015)

Plan de acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento de América Latina y el Caribe (eLAC2015) en Tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, Lima, noviembre de 2010.

Escrito por: Mónica P. Hernández y Samuel R. García / UACM - ICyTDF / Coordina: Georgina González.


En el documento la CEPAL señala que se debe considerar el gobierno electrónico como una obligación de los gobiernos para con sus ciudadanos. Se menciona que el e-gobierno permitirá transformar el sector público y cumplir con la demanda ciudadana de mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública. Dicha transformación ha de reflejarse en alcanzar una mayor equidad e inclusión respecto del acceso a los servicios públicos, lograr más transparencia del Estado así como estimular la participación ciudadana y profundizar la democracia.

Dentro de los pendientes que todavía se tienen en la región y que se observan también en México, es que todavía no hay una amplia oferta de trámites y servicios en línea por parte de las administraciones públicas y los esfuerzos por mejorar la calidad en la prestación de los que ya se ofrecen son aún incipientes. Hay una escasa interoperabilidad entre servicios estatales, lo que es fuente de importantes ineficiencias y dificultades de prestación de servicios eficaces para la ciudadanía.

Un aspecto que ha impedido se profundice la transformación a partir del e-gobierno, es el hecho de que muchos municipios no tienen acceso a banda ancha. Igualmente señala el documento que es importante avanzar en la construcción y el fortalecimiento de sistemas de protección y acceso a los bienes públicos y comunes mediante el uso de las TIC, con base en tres pilares fundamentales:

1) El apoyo a la mejora de la eficiencia operativa de las instituciones públicas;

2) La mejora del acceso a bienes públicos mediante la reducción de costos de transacción entre gobierno y ciudadano, y

3) La generación de infraestructuras.

Consideramos se debe tomar en cuenta para el proyecto de investigación los puntos específicos que señala el Plan de acción, tales como: incrementar la oferta de datos abiertos y la calidad de la información en línea para ciudadanos y empresas; masificar los trámites y servicios en línea para diferentes dispositivos electrónicos y tecnologías digitales; sustentar la toma de decisiones mediante las TIC; asegurar que todos los gobiernos locales brinden servicios transaccionales al ciudadano; acelerar el uso de las TIC en la justicia, la salud y la gestión de los derechos ciudadanos; impulsar la coordinación y la interoperabilidad de la administración pública basada en estándares abiertos, respetando la protección de datos personales; completar el marco legal y normativo de las TIC en el sector público para desplegar su potencial y responder a las mayores demandas de la sociedad, y desarrollar estrategias nacionales que den confianza al ciudadano en el uso seguro de las TIC en la administración pública (CEPAL: 2006: p.7)

lunes, 2 de mayo de 2011

Agenda Digital Nacional en México

Escrito por: Mónica P. Hernández y Samuel R. García / UACM - ICyTDF / Coordina: Georgina González.

Definición / Principios

Se deberá conformar de una serie de políticas y acciones de corto, mediano y largo plazo, que permitan recuperar la posición de competitividad que el país ha perdido en el contexto mundial, traduciendo la adopción del Internet y las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) en estrategias de productividad para la nación.

¿Quiénes intervienen?

El Estado mexicano y la industria, quienes deberán trabajar de manera más estrecha con instituciones académicas y representantes de la sociedad civil a fin de establecer un acuerdo de largo plazo que destine recursos, políticas, legislación y acciones concretas para revertir a la brevedad el rezago en el que estamos e iniciar un círculo virtuoso de productividad y competitividad, así como acelerar la consolidación de servicios básicos digitales en campos como la educación, salud, gestión pública, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.

¿Qué se persigue?

La ADN deberá conducir aspectos clave del crecimiento y la competitividad en el país para promover la equidad social y mejorar la calidad de vida de los individuos y las organizaciones.

¿Cómo se obtendrá?

Se requiere impulsar el desarrollo de capital humano, mayor inversión en investigación y desarrollo, así como el mejorar el entorno legal y las políticas gubernamentales en materia de TIC, rubros donde estamos muy por debajo de la escala global.

Componentes

Considerando las experiencias internacionales, los principales componentes de una agenda digital son, efectivamente, el e-gobierno de nueva generación, la alfabetización digital/capacidad social digital, e-educación, e-salud, e-productividad del aparato económico en su conjunto y la promoción de la competitividad en el mismo sector de las tecnologías de información y comunicaciones; sus objetivos básicos deben ser: detonar y acelerar la competitividad y la productividad, promover la igualdad social y regional, así como mejorar la calidad de vida de los individuos a través de la utilización efectiva y eficiente de las TIC.

Observaciones

El reto más grande que enfrentan los gobiernos y los organismos reguladores es crear políticas que promuevan el progreso económico y el despliegue de infraestructura, al paso que mantengan un enfoque orientado al mercado del desarrollo de Internet y los servicios IP, lo cual puede lograrse a través de la elaboración de una agenda digital nacional.