Escrito por: Mónica P. Hernández y Samuel R. García / UACM - ICyTDF / Coordina: Georgina González.
Esta carta se adoptó en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santiago de Chile el 10 de noviembre del 2007.
El documento contiene los conceptos, valores y orientaciones que servirán de guía para el diseño, implantación, desarrollo y consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como herramientas coadyuvantes de la mejora de la gestión pública en Iberoamérica.
Se puede afirmar que el documento es un “corte de caja” en las cumbres internacionales sobre TIC y e-gobierno, pues se dejan claras las definiciones de distintos conceptos y se comienza a pensar y trabajar ya en la etapa de implementación de las políticas acordadas.
Tanto los principios concertados como los compromisos contraídos por los gobiernos en la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico, representan un claro desafío para poner ya en marcha el Gobierno Electrónico. La Carta representa un estímulo y una oportunidad sin precedentes para impulsar una crítica sistemática y una paulatina superación de las limitaciones y vicios, pensando ya en que el Gobierno Electrónico es un derecho de los ciudadanos y un correlativo deber de los gobiernos.
Se percibe que la participación de la sociedad se vuelve un principal factor dinamizador del Gobierno Electrónico, ya que resulta esencial para transformar los valores, las estructuras, las normas, los procesos y los procedimientos en beneficio de la mejor atención de las necesidades, demandas y expectativas ciudadanas.
En el documento se reconoce al Gobierno Electrónico como un derecho de los ciudadanos, por lo cual habilita a éstos para exigir y reclamar prestaciones útiles para satisfacer –de manera efectiva y eficiente- sus necesidades de información y de servicios, así como para canalizar sus inquietudes de control y participación en la gestión pública.
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico representa un instrumento potencialmente eficaz para comenzar la transición y pasar del punto teórico al práctico, tomando en cuenta que se va a requerir la articulación de la racionalidad política, estratégica, administrativo-organizacional y societal de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Para alcanzar dicha articulación y ver en los hechos ya el desarrollo del “e-gobierno”, se requiere una genuina voluntad y compromiso, de los más altos niveles políticos y administrativos, de cumplir con los principios de la Carta Iberoamericana. Eso nos conduce a pensar en que se deben impulsar actividades de formación de funcionarios públicos y de actores sociales.
Esta carta se adoptó en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santiago de Chile el 10 de noviembre del 2007.
El documento contiene los conceptos, valores y orientaciones que servirán de guía para el diseño, implantación, desarrollo y consolidación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como herramientas coadyuvantes de la mejora de la gestión pública en Iberoamérica.
Se puede afirmar que el documento es un “corte de caja” en las cumbres internacionales sobre TIC y e-gobierno, pues se dejan claras las definiciones de distintos conceptos y se comienza a pensar y trabajar ya en la etapa de implementación de las políticas acordadas.
Tanto los principios concertados como los compromisos contraídos por los gobiernos en la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico, representan un claro desafío para poner ya en marcha el Gobierno Electrónico. La Carta representa un estímulo y una oportunidad sin precedentes para impulsar una crítica sistemática y una paulatina superación de las limitaciones y vicios, pensando ya en que el Gobierno Electrónico es un derecho de los ciudadanos y un correlativo deber de los gobiernos.
Se percibe que la participación de la sociedad se vuelve un principal factor dinamizador del Gobierno Electrónico, ya que resulta esencial para transformar los valores, las estructuras, las normas, los procesos y los procedimientos en beneficio de la mejor atención de las necesidades, demandas y expectativas ciudadanas.
En el documento se reconoce al Gobierno Electrónico como un derecho de los ciudadanos, por lo cual habilita a éstos para exigir y reclamar prestaciones útiles para satisfacer –de manera efectiva y eficiente- sus necesidades de información y de servicios, así como para canalizar sus inquietudes de control y participación en la gestión pública.
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico representa un instrumento potencialmente eficaz para comenzar la transición y pasar del punto teórico al práctico, tomando en cuenta que se va a requerir la articulación de la racionalidad política, estratégica, administrativo-organizacional y societal de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Para alcanzar dicha articulación y ver en los hechos ya el desarrollo del “e-gobierno”, se requiere una genuina voluntad y compromiso, de los más altos niveles políticos y administrativos, de cumplir con los principios de la Carta Iberoamericana. Eso nos conduce a pensar en que se deben impulsar actividades de formación de funcionarios públicos y de actores sociales.
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